Una legislación que regule las relaciones público-privadas sigue siendo una deuda de la democracia. ¿Podemos ser como los países nórdicos o nuestro destino es inexorablemente el de la mafia siciliana?
Por estos días, potenciadas por la cuarentena obligatoria, las series de Netflix son parte de la conversación de muchos hogares. *En materia política, destaca la popular serie danesa**Borgen**, que ya se transformó en un modelo aspiracional, un caso similar a lo que sucedió con**La familia Ingalls**en relación con el ideario de familia en los años en los que solo teníamos televisión abierta.* La pregunta que surge es si resulta ser el espejo correcto en el que mirarse.
La serie de la primera ministro Birgitte Nyborg y su relación con los diferentes sectores (medios, oposición, empresas y opinión pública) poco tiene que ver con el mapa político argentino actual, y tampoco prevemos que, en el mediano plazo, entremos en esa lógica. Para pensar de dónde venimos y hacia dónde vamos, deberíamos tomar como punto de partida “cómo somos los argentinos”. Mucho se ha escrito sobre esa materia, pero solo queremos mostrar una foto: si analizamos las corrientes migratorias del siglo pasado en nuestro país, vemos que nuestra influencia sociocultural tiene más que ver con Italia y España que con las tierras de /Vikings/. Para el período entre 1860 y 1940, el 75 por ciento de los inmigrantes eran españoles e italianos, un dato no menor si tenemos en cuenta que, en 1914, los extranjeros representaban casi el 30 por ciento de la población argentina (hoy en día, suponen el cinco por ciento del total). *En definitiva, más que en**Borgen**, nuestra mirada debe estar puesta en**Suburra**–la serie que retrata la dinámica entre el crimen organizado, los políticos corruptos y el Vaticano– para entender un poco más cómo somos, qué pensamos y hacia dónde vamos*.
*LO QUE HAY*
A 37 años del triunfo del expresidente Raúl Alfonsín, la articulación pública/privada sigue reposando el “sueño de los justos” en lo que refiere a una ley que regule el /lobby/, la gestión de influencias e intereses, el cabildeo, entre otros sinónimos. Paradojas del destino, durante estos años, hubo más de 30 proyectos parlamentarios con la idea de transparentar esa actividad. Si prorrateamos ese número, es casi una iniciativa por año de esta joven democracia. Esta cantidad de propuestas parlamentarias truncas deja entrever la complejidad del tema, como así también el reto de pensar un sistema regulatorio que, más que “cortar y pegar” de otros modelos, se construya a partir de la realidad local. En comunicación y asuntos públicos, el “traje a medida” es el diferencial de un proyecto exitoso o, por lo menos, de uno que no salga con “el boleto picado”.
*Actualmente, lo más cercano a un ordenamiento en el tema de regulación de la gestión de intereses en la Argentina se ve reflejado en el decreto 1172/2003 sobre el acceso a la información pública.* Para ser más precisos en la definición, solo lo hace un aspecto determinado. Esta normativa contiene cinco reglamentos distintos para transparentar las audiencias públicas y la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, la elaboración participativa de normas, los pedidos de información pública y la regulación de reuniones abiertas de los entes reguladores de servicios públicos. Asimismo, establece la obligatoriedad de la publicación en internet del /Boletín Oficial/ del día. Lleva la firma del entonces presidente Néstor Kirchner y de dos personas que actualmente están en el Gobierno nacional: Alberto Fernández, por entonces jefe de Gabinete y hoy presidente, y Gustavo Béliz, quien fuera ministro de Justicia y hoy se desempeña como secretario de Asuntos Estratégicos.
*UN MODELO PROPIO*
Pero volvamos a una posible ley de /lobby/ o cabildeo. En materia de inspiración, la tendencia a mirar otros sistemas políticos es parte de nuestra idiosincrasia. Sobre todo a los que fueron pioneros: Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. De hecho, los “/lobbies/” –como se suele citar en las notas periodísticas– eran las salas que rodeaban al parlamento inglés, donde los ciudadanos comunes se apostaban para poder conversar e influir sobre sus representantes.
Dejando a un lado la etimología y ya centrándonos en el escenario y contexto sociopolítico actuales, queremos darles visibilidad a algunos datos de opinión pública para analizar la cancha donde debería darse una discusión hacia una más y mejor relación público-privada tomando de referencia una posible ley de /lobby/. Claro está que, en un contexto de crisis, puedan existir otras prioridades para la sociedad. *Pero es bueno tamizar cierta demanda: según la última medición de opinión pública de la consultora Giaccobe y Asociados, la “corrupción” aparece dentro de los principales problemas junto al “desempleo”, la “inseguridad” y la “pobreza”*. Cabe destacar que este reclamo entra en escena cuando la variedad de temas económicos (inflación, desempleo, pobreza, etc.) centralizan la agenda. Si esto no sucediera, la preocupación por la corrupción desaparecería o sería vista como algo estructural.
Algunos analistas sostienen que una ley de gestión de intereses podría brindar desventajas competitivas para las empresas que transitan el camino correcto de la relación público-privada porque, según señalan, no evitará que las que no jueguen limpio sigan organizando cenas, viajes, partidos de golf y otras reuniones privadas. Aquí es donde cobra valor el dato cualitativo de la medición anteriormente citada: nuestro ADN inmigratorio y la mirada sobre la transparencia nos pintan de cuerpo entero. Ahora bien, como todas las normas, una ley –en este caso de gestión de influencias o /lobby/– es efectiva en la medida en que se arbitren los mecanismos para su correcto funcionamiento.
Para ponerlo en pocos caracteres, podríamos decir que los obstáculos que se deberían sortear para la presentación de un marco regulatorio son: acordar y establecer reglas mínimas con relación al /lobby/; superar la falta de motivación e interés por parte de los legisladores en sancionar esta norma (menos en un año electoral); *unificar las miradas contrapuestas de los empresarios en pos de transparentar la gestión de intereses (como decimos en el barrio: “guapos de pico”, porque por lo bajo no hacen lo que en privado sostienen); y superar el ida y vuelta sobre los estándares éticos entre el sector público y el privado*, esto es, resolver qué criterio de medición se aplica.
En un estudio realizado por la consultora CIO, junto con IDEA, en 2014, para el que se entrevistó a más de 100 empresas, seis de cada 10 representantes del sector privado consideran muy relevante contar con “una estrategia de relacionamiento con los sectores públicos”. Esos mismos 114 empresarios consultados se expresaron sobre cuán importante consideraban que podría ser la reglamentación: el 60 por ciento de la muestra señaló que era muy importante; el 21 por ciento, ligeramente importante; mientras que el 13 por ciento manifestó que no era nada importante.
Publicó: Revista DEF / Infobae – Noviembre 2020